Este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, sucede en medio de un severo ataque de la patronal. El golpe económico causado por el COVID-19 ha dado pie para que los empresarios defiendan sus fortunas y trasladen las pérdidas y los costos de la crisis sobre la clase trabajadora.
Tan sólo entre marzo y abril, 350 mil asalariados fueron lanzados a la calle por grandes monopolios, incluso, las cámaras empresariales reconocieron que podrían despedir hasta 1.4 millones.
En menos de diez años, la situación laboral ha empeorado con cada medida del gobierno. Las duras condiciones económicas y políticas del sexenio de Enrique Peña Nieto hicieron que millones de trabajadores dieran su voto a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018; lo que no esperaban los votantes, es que las condiciones laborales empeoraran. Tan pronto se instaló en Palacio Nacional, el morenista inició una serie de medidas antiobreras que poco tienen que ver con las promesas de campaña.
Medidas antiobreras
La reforma laboral de Calderón y Peña Nieto «flexibilizó» el proceso de contratación de los trabajadores, a partir de entonces los patrones pueden contratar y despedir con requerimientos mínimos. Esto continuó con López Obrador, puesto que las modificaciones promovidas por el presidente a la Ley Federal de Trabajo a principios de este año dejaron intacta la subcontratación, también conocida como outsourcing. Los diputados de todos los partidos acordaron hundir los derechos de los trabajadores, pues la subcontratación elimina la responsabilidad de los patrones y anula la seguridad social.
A través de un memorandum publicado el 4 de mayo de 2019, Obrador instruyó medidas de austeridad republicana que contemplaron recortes presupuestales, y que significaron el despido de miles de trabajadores del gobierno federal, la mayoría de ellos precarios. Las dependencias aplicaron la austeridad terminando contratos temporales de trabajadores, que a pesar de realizar tareas sustantivas no habían sido basificados. Cabe señalar que este recorte no aplicó en el área policíaco-militar.
Otro de los golpes que dio el gobierno de Obrador contra los trabajadores, y en favor de los empresarios, fue disfrazado de programa social. Se trata de «Jóvenes Construyendo el Futuro«, a través del cual miles de jóvenes fueron enviados a regalar su trabajo a las empresas.
Bajo la figura de «aprendices», sin recibir un pago por su trabajo, los jóvenes inscritos en este programa reciben un apoyo económico del gobierno federal; esto se traduce en un regalo directo para los empresarios. Además, al finalizar el periodo de «aprendizaje», las empresas no están obligadas a contratar a los jóvenes.
Militarización del país
De todas las reformas de Peña Nieto hubo una que no pudo imponer debido a la lluvia de amparos de organizaciones sociales e incluso de gobiernos locales por violaciones a los derechos humanos; esa fue la «Ley de seguridad Interior»; con ella buscaba militarizar el país y que el ejército ejerciera tareas de seguridad pública. Pocos años después, López Obrador le dio la vuelta a los amparos y en coordinación con todos los partidos políticos aprobó la ley con algunos cambios menores para crear la Guardia Nacional.
A medida que aumenten las protestas por la precariedad del trabajo y por el hambre, se verá la verdadera vocación represiva de la Guardia Nacional.